Levantamiento indígena y popular ecuatoriano

viernes, 24 de junio de 2022

Los derechos, incluyendo los derechos colectivos, enunciados en las normas del país que habían permitido cierta inclusión social de los indígenas, afrodescendientes y otros sectores han sido resultado de procesos de luchas, de movilizaciones y levantamientos; y no una regalía de los gobiernos. Este levantamiento sin duda es parte de ese proceso largo de lucha por una vida mejor, una vida donde la paz reine cuando haya justicia para los pueblos; el buen vivir, sumaq kawsai, de los pueblos.

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El Levantamiento indígena y popular en Ecuador inició el 13 de junio de 2022 con bloqueos de vías de circulación por parte de comunidades indígenas en lugares claves de la Panamericana -carretera principal- a lo largo de la Sierra ecuatoriana. Posteriormente, a este levantamiento se sumaron indígenas y campesinos de la Amazonía y la Costa ecuatoriana. Luego de esta fase, las comunidades indígenas, campesinas y populares extendieron sus reclamos legítimos hacia las principales ciudades y en particular se movilizaron hacia Quito, ciudad capital de Ecuador, a partir del 21 de junio.
 
Las movilizaciones indígenas han significado cuantiosas pérdidas económicas según las cámaras de producción, construcción, comercio y turismo. Los hechos evidencian que los mercados de las principales ciudades de la Sierra y la Costa ecuatoriana están desabastecidos de alimentos y productos básicos. Por el lado de los levantados, hasta el momento se conoce que existen más de un centenar de detenidos, decenas de heridos y cuatro fallecidos (tres asesinados, por elementos de las fuerzas armadas).
 
Las causas de este levantamiento son entre otras la profundización de la pobreza, desigualdad, el desempleo, la corrupción y la impunidad, el aumento de violencia por diversos motivos, y el incumplimiento de derechos colectivos por parte del Estado que se ha evidenciado durante los últimos cinco años, como resultado de las políticas de los gobiernos neoliberales y extractivistas. Basta un solo ejemplo: A principios de este año, bordeaba la pobreza el 32% y más del 14% de la población se hallaban en la extrema pobreza. Más o menos, 33% de ecuatorianos tenían empleo adecuado. Pero estas cifras, en el sector indígena, afrodescendiente y campesino sobrepasan el 50%. 
 
El movimiento indígena ecuatoriano (compuesto por la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador CONAIE, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador FEINE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Nacional de Campesinos FENOC y la Federación de Indígenas del Ecuador FEI) plantearon 10 demandas para las movilizaciones, las cuales son: reducción del precio de combustibles, moratoria y renegociación de deudas de campesinos en el sistema financiero, precios justos de los productos del campo, empleo y respecto a derechos laborales, moratoria de la expansión extractiva minera y petrolera, respeto de los derechos colectivos, abandono a las privatizaciones, control de precios y la especulación de productos de primera necesidad, presupuesto para la salud y educción, y políticas de seguridad ante la ola de violencia.

Ante las demandas y las movilizaciones de indígenas y sectores populares, el gobierno de Guillermo Lasso -un gobierno de corte neoliberal- las ha respondido mediante represión. Por su parte, cierto sector de la clase alta y media de ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, entre otras, han vertido expresiones de odio y racismo; que incluso realizan marchas por la “paz” con resguardo de la policía y protección del gobierno. El gobierno además de movilizar su aparato de represión (la policía y el ejército) promulgó dos decretos ejecutivos que han limitado las libertades de circulación y de reunión y derechos conexos; y con ello, ha reprimido a los pueblos movilizados y consecuencia de ello son más los detenidos, heridos y fallecidos.
 
Debido a que las jornadas de movilizaciones llevan más de diez días, la presión de organizaciones de derechos humanos y de ciertas iglesias, el gobierno ha dado indicios del diálogo, pero exigiendo desmovilización del levantamiento indígena; ante ello, el movimiento indígena también ha dado señales de diálogo siempre y cuando la policía y el ejército vuelva a sus cuarteles. Estas condiciones -al parecer- son no negociables para las dos partes.
 
Recapitulando. El movimiento indígena ecuatoriano -entendido como la confluencia de las organizaciones indígenas nacionales, incluyendo la evangélica- ha sido capaz de doblegar a gobiernos de turno mediante sus levantamientos en el año 1990, 1994, 2000, y 2019 y por ende los gobiernos han tenido que modificar sus políticas. En esta ocasión, las organizaciones indígenas nacionales y sectores urbanos populares llevan a cabo jornadas de movilizaciones ante mayor empobrecimiento y reivindicación de los derechos.
 
Las causas y factores de las movilizaciones sociales son históricas y estructurales: pobreza y desigualdad provocadas por políticas antipopulares de gobiernos afectos al neoliberalismo. Ecuador, como muchos países de América Latina, es un Estado con dos caras: una de mayoría empobrecida indígena, afrodescendiente, campesina, y popular; y por otro, un rostro de minoría enriquecida, oligarca y racista. 
 
Los derechos, incluyendo los derechos colectivos, enunciados en las normas del país que habían permitido cierta inclusión social de los indígenas, afrodescendientes y otros sectores han sido resultado de procesos de luchas, de movilizaciones y levantamientos; y no una regalía de los gobiernos. Este levantamiento sin duda es parte de ese proceso largo de lucha por una vida mejor, una vida donde la paz reine cuando haya justicia para los pueblos; el buen vivir, sumaq kawsai, de los pueblos.
 
Quito, 24 de junio de 2022

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