Entrar por la frontera a Estados Unidos, sin autorización, es una infracción civil equivalente a pasar un semáforo en luz roja. Este hecho se convierte en un delito cuando la persona al ser deportada una primera vez vuelve a cruzar la frontera sin permiso.
La persecución y secuestro indiscriminado de personas inmigrantes al salir de sus citas migratorias, en sus puestos de trabajo, escuelas y parques se ha convertido en algo común. A esto se suma su desaparición y el posterior envío al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el Salvador sin el debido proceso, así como la invalidación súbita del Estado de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de inmigrantes. Estos hechos no son el resultado de un aumento repentino de la criminalidad por parte de ellas/ellos, sino una estrategia cruel que usa sus cuerpos como chivo expiatorio para confundir y controlar mentes y corazones frente a una creciente militarización de las calles y la vida de los estadounidenses.
La congresista presbiteriana, Kathy Castor, en una asamblea pública sobre inmigración en Tampa (Florida) dijo recientemente que «
el gobierno está jugando con los miedos y prejuicios de los estadounidenses». Aún cuando el gobierno de Trump amenazó con deportar a inmigrantes criminales durante su campaña electoral, y el expresidente Obama deportó más personas aún durante el mismo tiempo de gobierno, la
crueldad de estos últimos días no se había visto desde la firma de la Ley de Derechos Civiles en 1964.
«
Por lo visto, todos estamos en un estado de protección temporal» dijo el reverendo afroamericano Norm Hatter, coordinador del Comité por la Equidad Racial del Presbiterio de Tampa Bay, cuando escuchó los testimonios de pastoras y pastores sobre lo que está sucediendo en nuestras congregaciones latinas. Las personas no están viniendo más a la iglesia, ni siquiera a buscar comida, otras llegan con miedo. Esto sucede desde que la administración de Trump revocó la política de Áreas Protegidas
[1], que limitaba la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en centros religiosos, escuelas y hospitales. Hoy en día, no hay lugar seguro.
El pastor Hatter no es ajeno a la discriminación racial. Durante su infancia fue testigo de los ‘códigos negros’, donde personas negras podían ser encarceladas solo por hablar demasiado alto en compañía de mujeres blancas, por mirar fijamente sin cuidado a personas blancas, estar desempleados o caminar cerca de las vías del tren. En aquel momento, a pesar de que otros derechos civiles prohibían la discriminación basada en el color de piel, se crearon leyes para mantener al pueblo negro controlado, vulnerable y explotado como mano de obra barata. En aquellos tiempos no había ya esclavitud oficialmente, pero las cárceles llenas entonces de “infractores”, se transformaron en la nueva fuente de trabajadores sin sueldo. Algo que sucede igualmente hoy.
Hoy en día organizaciones de derechos humanos como ACLU, LULAC y otras, denuncian que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) está deteniendo, sistemáticamente y sin el debido proceso, a personas de color que llegaron legalmente a los Estados Unidos, que tienen derecho a trabajar y que no son delincuentes. Luego de que los grupos presentaran una demanda ante un Juez Federal en California, y lograran que dictaminara a su favor, el Servicio de Control de Inmigración “ICE” no puede detener ni arrestar a personas en la ciudad de Los Ángeles basados en su apariencia, idioma o lugar de trabajo. No obstante, la respuesta del gobierno fue solicitar inmediatamente la intervención del Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los arrestos del Servicio de Control de Inmigración (ICE) basados en la apariencia física, y así poder continuar con sus operativos discriminatorios.
Grupo interreligioso proclama: «Rechazamos la mentira de que estas jaulas nos mantienen a salvo. Rechazamos a los que se lucran con la detención. ¡No seremos cómplices!».
Mientras la Iglesia aún está dividida sobre cómo responder a la presente violación de los derechos migratorios y la discriminación contra los/las inmigrantes; líderes comunitarios y religiosos se comenzaron a congregar para hacer vigilias en el estado de Florida (frente a un centro de detención en territorio ancestral del pueblo Miccosukee = Parque Nacional Everglades), convocados por la voz de una mujer indígena, Betty Osceola.
En este centro de detención peyorativamente llamado “El Alcatraz de los caimanes”, confluyen la crueldad y la belleza, la fe y las luchas por la justicia migratoria, racial, indígena, ambiental y climática.
Congresistas aliados y abogados cuentan la realidad de un lugar que debería ser llamado un centro de concentración, por su realidad del hacinamiento, por encerrar a personas en jaulas, con baños que se inundan cuando llueve; no contar con atención médica y un espacio seguro para reunirse cuando llega ayuda legal para los detenidos.
Los grupos ambientalistas dijeron que el gobierno en vez de invertir en esfuerzos de adaptación y protección de uno de los lugares más vulnerables del país frente a la crisis climática, decidió utilizar millones de dólares de la “Agencia Federal para el Manejo de Emergencias” (FEMA) en la construcción de este centro. Esto, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin consultar previamente a la comunidad Miccosukee, o tener en cuenta las especies en peligro que ya viven en el pantano.
Fijados en la idea androcentrista de un centro de detención rodeado de caimanes, el gobierno volcó 800 mil pies cuadrados de pavimento sobre el área, trajeron generadores para alumbrar las noches, con luz visible hasta 48 kilómetros de distancia, perturbando el ecosistema del murciélago y las panteras protegidas de Florida, así como la comunidad Miccosukee que vive a solo 16 kilómetros de distancia.
Así, el gobierno creó su tormenta perfecta. Los Miccosukee y los grupos ambientalistas se unieron en una demanda contra el gobierno nacional y el gobierno local, aludiendo a los daños irreparables que este centro posa sobre el frágil ecosistema que, además, es su hogar. El 27 de agosto, un juez federal confirmó la orden de desmantelar el sitio en 60 días.
En poco tiempo, el pantano seguirá al cuidado de los Miccosukee, pero la necesidad de justicia racial y migratoria para las 3 mil personas que el gobierno busca para deportar diariamente, siguen latentes porque su prioridad es seguir construyendo nuevos centros de detención y no hay voluntad para movilizarse hacia una reforma migratoria que le dé estatus permanente a los doce millones de personas inmigrantes que ya viven y trabajan en el país.
Mientras no cese la caza de inmigrantes, la movilización de las personas de fe y sus aliadas no puede parar. La solidaridad y la organización entre diversos sectores tiene que afianzarse más, como en este caso descrito del pantano; hacerse más clara, audible y activa. El destino de la pantera, los pueblos indígenas, migrantes, de las comunidades negras y blancas, está íntimamente ligado y hay poder de acción cuando nos juntamos.
Durante la vigilia, el domingo anterior al fallo del juez federal, Nick Carey organizador de “Faith in Florida” (coalición de congregaciones trabajando por la justicia social) dijo:
«Rechazamos el nacionalismo cristiano blanco… Aunque nuestra lucha actual es contra las administraciones de Trump y De Santis, también debemos reconocer que este centro de detención es la culminación de más de 100 años de política exterior estadounidense. Trump ha dado rienda suelta a ICE, la cual se fortaleció y creció tanto bajo la administración de Biden como la de Obama. ¡Debemos buscar soluciones! ¡Debemos aspirar a soluciones más ambiciosas que no se queden cortas, hasta lograr la liberación de todas las personas! Puede que no sepamos cómo solucionarlo, pero averigüémoslo juntas y juntos».
En palabras de la joven poeta Rose Cervantes, también presente: «No tengo que hacer esto sola. ¡La liberación es colectiva!»